Discriminación arquitectónica: la exclusión también se construye

Durante este último tiempo nos hemos ido enterando de demasiados casos de personas que llegan a edificios públicos, lugares de trabajo, restaurantes, museos, ceremonias o eventos y descubren que simplemente no pueden entrar o participar. 

Casos distintos, lugares distintos, responsables distintos. Pero el resultado es siempre el mismo: la infraestructura termina decidiendo quién entra y quién queda fuera.

Una invitada que debe retirarse de una ceremonia porque el salón no es accesible. Una representante de la sociedad civil que no puede participar en una Cuenta Pública realizada en un tercer piso sin acceso adecuado. Una concejala que no puede acceder a su lugar de trabajo. Una familia que debe separarse en el Estadio Nacional porque el espacio destinado a usuarios de silla de ruedas fue concebido para ellos y un acompañante, pero no para compartir junto a su familia. Un museo recientemente construido que abre sus puertas y algunos quedan fuera… Son solo algunos ejemplos. Las redes sociales registran infinidad de casos más.

Cuando la discriminación se proyecta y construye

¿Qué ocurriría si en la entrada de un restaurante, museo, municipalidad o salón de eventos encontráramos un cartel que dijera que “algunas personas” no pueden entrar? – Sería inaceptable.

Pero cuando ese cartel es reemplazado por una escalera, un desnivel, una circulación inaccesible, un baño que no puede utilizarse o un piso al que no existe forma autónoma de llegar, la exclusión parece menos evidente.

El mensaje no está escrito. Está construido. Y quizás sea hora de comenzar a hablar también de discriminación arquitectónica.

¿Por qué seguimos diseñando barreras?

Durante años hemos escuchado explicaciones para justificar edificios inaccesibles: son antiguos, no hay espacio, el ascensor falló, el recinto es arrendado, existe una oruga pero tal vez la batería esté mala, alguien puede ayudar….

Pero hoy resulta inaceptable que obras nuevas, edificios de uso público y remodelaciones recientes continúen reproduciendo barreras que podrían haberse evitado.

La accesibilidad no comienza cuando una persona con discapacidad llega frente a una escalera y alguien intenta encontrar una solución. Comienza cuando arquitectos, mandantes, revisores, constructores y autoridades entienden que quienes utilizarán ese edificio serán personas con distintas edades, capacidades y formas de desplazarse, percibir y desenvolverse.

La normativa establece exigencias mínimas. El Diseño Universal nos pide algo más: proyectar desde el origen considerando la diversidad de quienes usarán el espacio.

La arquitectura tiene una responsabilidad

No corresponde que algunas personas deban preguntar antes de salir si podrán entrar, advertir que utilizan una silla de ruedas, buscar un acceso alternativo, aceptar ser cargadas, separarse de sus familias o depender de que alguien improvise una solución.

La responsabilidad debe cambiar de lugar. Es el edificio o entorno el que debe estar preparado para recibir a las personas, y son quienes lo proyectan, construyen, autorizan, administran y fiscalizan quienes deben asumir esa responsabilidad.

Por eso, frente a cada nuevo proyecto la pregunta debería plantearse desde el primer trazo: “¿cómo garantizamos que todas las personas puedan utilizarlo?”

Porque cuando un edificio impide que una persona entre, trabaje, estudie, participe o permanezca junto a su familia, no estamos solamente frente a un problema técnico de accesibilidad.

Estamos frente a una forma de exclusión construida.