La accesibilidad universal es un derecho

La accesibilidad universal es un derecho

tres personas una en silla de ruedas esperan en el inicio de una escalera

El 4 de marzo de 2019 venció el plazo para que las edificaciones de uso o atención a público se ajusten a las nuevas exigencias de accesibilidad contenidas en el D.S.50/2015. Se cierra así un largo ciclo de omisiones, negaciones y extensiones de plazos, dando inicio a una nueva etapa sin excusas y con mayor conciencia colectiva. Los entornos y edificaciones accesibles son un derecho y una necesidad de la que se benefician todos los ciudadanos.

Desde la primera normativa el año 1995 Ciudad Accesible ha desplegado el máximo esfuerzo en promover, educar, asesorar, generar material y buscar medios de fiscalización efectivos por ciudades más accesibles y amigables para todas las personas. Con responsabilidad podemos afirmar que la deuda es aún muy grande y que las expectativas que provocan las leyes y términos de plazos generan mucha frustración.

Dibujo de una intersección vista en altura con su ruta accesible y cruces peatonales

En febrero de 2018 venció otro plazo, aquel que exige que las vías públicas, pasarelas peatonales, parques, plazas y áreas verdes, sean accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad. En unos días más se suman a estos plazos vencidos las edificaciones comprendidas entre los años 1994 a 2016, quienes deben ajustarse, no solo a las normas de sus épocas que incumplieron reiteradamente, sino a estándares bastante más exigentes.

Asumamos la urgencia de avanzar en este ámbito. Hoy se abren recursos legales para que la ciudadanía obligue al cumplimiento, no solo la propia ley 20.422 con multas o clausuras en caso de que se insista en el incumplimiento normativo, también se acogen a estas situaciones la ley que establece medidas contra la discriminación y la ley del consumidor.

Cada obra, licitación, servicio, reparación o remodelación debe incorporar soluciones de accesibilidad universal. Las décadas de espera y postergación pueden provocar un brote de denuncias. Confiamos que las autoridades, municipalidades, ministerios, empresas y profesionales puedan acelerar al máximo el modelo de diseño que distingue a los países desarrollados. Se trata de pensar en todos los habitantes ejecutando soluciones que permiten la circulación, acceso y uso de la infraestructura así como la comprensión de los entornos y servicios a todas las personas.

Veamos en esta ley una oportunidad de hacer mejores ciudades y concretemos en actos el verdadero sentido de la inclusión, el Diseño Universal es la mejor herramienta para hacer ciudad.

Todos estamos “temporalmente capacitados”, cruzar la línea hacia una discapacidad es cosa de tiempo.

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